La polémica suscitada por la prohibición a una niña musulmana de llevar el velo islámico a su colegio en Pozuelo de Alarcón ha entrado de lleno en el debate sobre la futura Ley de libertad religiosa. Así, al tiempo que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmaba que la norma que prepara el Gobierno no prohibirá este símbolo en las escuelas, la ONG Amnistía Interncional instaba al Ejecutivo de Zapatero a incluir en el texto “el derecho a la expresión de la religión”.
En esta línea, el ministro de Justicia señaló en una entrevista concedida a la Cadena Ser que “en treinta años la sociedad española ha evolucionado muchísimo desde el pinto de vista del sentimiento religioso y de su pluralidad” y, por lo tanto, “esa ley es cada día más necesaria”. En cuanto a la polémica del caso de Najwa, Caamaño indicó que “todo el mundo entiende que no es lo mismo un burka que un velo”.
En este sentido, apostó por “una convivencia dentro de la proporcionalidad” y explicó que “no es lo mismo los símbolos religiosos en los espacios públicos de servicio estatal que los que pueda portar una persona que comparece en un espacio público”. Además, se mostró partidario de “integrar varios ritos o establecer un protocolo civil de actos de Estado” al entender que hay personas que no obedecen a la religión católica y, sin embargo, también tiene ese derecho a que el Estado les rinda ese tributo.
Amnistía Internacional también destacó la relación entre la futura norma que prepara el Gobierno y el caso de Najwa. Así, la ONG se ha dirigido por carta a las autoridades españolas para instarles a que “el derecho a la expresión de la religión” esté recogido en la modificación de la norma que prepara el Ejecutivo.
“La forma en que deciden vestirse las personas puede ser una expresión importante de su identidad o creencias religiosas, culturales y personales; y es un derecho individual que no puede restringirse de forma arbitraria”, aseguró el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
En este sentido, la organización recuerda que conforme el derecho internacional, este derecho sólo puede verse restringido en caso de que esté previsto en la ley, aborde un objetivo concreto legítimo y “sea necesario para lograr esa finalidad”.
Lejos del debate de la Ley de libertad religiosa, Leire Pajín aseguró en declaraciones a TVE que “por encima de todo está el derecho de los niños y niñas a ser escolarizados”, pues, según indicó “en España la educación primaria es obligatoria” y opinó que en el país no existe un problema real con este tema y que los casos “puntuales” que se han dado “se han resuelto bien”. También destacó que el velo “no es sólo un símbolo religioso sino que también se convierte en las sociedades occidentales en un símbolo de identidad cultural”.
LA PROHIBICIÓN, AL TC
Por otra parte, el secretario de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández, anunció ayer que denunciarán ante el Tribunal Constitucional la decisión del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón de apartar a la joven musulmana del centro escolar por vestir el hiyab en clase ya que supone un “claro caso de ‘islamofobia”.
Fernández sostuvo que este caso “puede ser ganado ante los tribunales” porque el rechazo de la niña por parte del Consejo Escolar supone una “aberración” que “viola y pisotea” los derechos que recoge la Constitución. “Es una norma que discrimina y que carece de cualquier validez legal”, argumentó.
Mientras, la crisis de Gobierno que vive Bélgica ha provocado un aplazamiento en la votación del Parlamento de prohibir el uso de prendas que impidan la identificación de la persona, lo que en la práctica permitiría el veto al uso del velo islámico integral burka o niqab en espacios públicos. La votación no tendrá lugar “hasta el próximo jueves como muy pronto”.
Esta medida prevé multas de entre 15 y 25 euros y de uno a siete días de prisión para quien lleve en espacios públicos y comercios “el rostro cubierto o escondido de manera tal que impida su identificación”.
En esta línea, el ministro de Justicia señaló en una entrevista concedida a la Cadena Ser que “en treinta años la sociedad española ha evolucionado muchísimo desde el pinto de vista del sentimiento religioso y de su pluralidad” y, por lo tanto, “esa ley es cada día más necesaria”. En cuanto a la polémica del caso de Najwa, Caamaño indicó que “todo el mundo entiende que no es lo mismo un burka que un velo”.
En este sentido, apostó por “una convivencia dentro de la proporcionalidad” y explicó que “no es lo mismo los símbolos religiosos en los espacios públicos de servicio estatal que los que pueda portar una persona que comparece en un espacio público”. Además, se mostró partidario de “integrar varios ritos o establecer un protocolo civil de actos de Estado” al entender que hay personas que no obedecen a la religión católica y, sin embargo, también tiene ese derecho a que el Estado les rinda ese tributo.
Amnistía Internacional también destacó la relación entre la futura norma que prepara el Gobierno y el caso de Najwa. Así, la ONG se ha dirigido por carta a las autoridades españolas para instarles a que “el derecho a la expresión de la religión” esté recogido en la modificación de la norma que prepara el Ejecutivo.
“La forma en que deciden vestirse las personas puede ser una expresión importante de su identidad o creencias religiosas, culturales y personales; y es un derecho individual que no puede restringirse de forma arbitraria”, aseguró el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
En este sentido, la organización recuerda que conforme el derecho internacional, este derecho sólo puede verse restringido en caso de que esté previsto en la ley, aborde un objetivo concreto legítimo y “sea necesario para lograr esa finalidad”.
Lejos del debate de la Ley de libertad religiosa, Leire Pajín aseguró en declaraciones a TVE que “por encima de todo está el derecho de los niños y niñas a ser escolarizados”, pues, según indicó “en España la educación primaria es obligatoria” y opinó que en el país no existe un problema real con este tema y que los casos “puntuales” que se han dado “se han resuelto bien”. También destacó que el velo “no es sólo un símbolo religioso sino que también se convierte en las sociedades occidentales en un símbolo de identidad cultural”.
LA PROHIBICIÓN, AL TC
Por otra parte, el secretario de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández, anunció ayer que denunciarán ante el Tribunal Constitucional la decisión del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón de apartar a la joven musulmana del centro escolar por vestir el hiyab en clase ya que supone un “claro caso de ‘islamofobia”.
Fernández sostuvo que este caso “puede ser ganado ante los tribunales” porque el rechazo de la niña por parte del Consejo Escolar supone una “aberración” que “viola y pisotea” los derechos que recoge la Constitución. “Es una norma que discrimina y que carece de cualquier validez legal”, argumentó.
Mientras, la crisis de Gobierno que vive Bélgica ha provocado un aplazamiento en la votación del Parlamento de prohibir el uso de prendas que impidan la identificación de la persona, lo que en la práctica permitiría el veto al uso del velo islámico integral burka o niqab en espacios públicos. La votación no tendrá lugar “hasta el próximo jueves como muy pronto”.
Esta medida prevé multas de entre 15 y 25 euros y de uno a siete días de prisión para quien lleve en espacios públicos y comercios “el rostro cubierto o escondido de manera tal que impida su identificación”.
REDACCIÓN / AGENCIAS
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