Esos son, entre otros, los datos que estarán incluidos en el chip de la nueva cédula electrónica que el Estado venezolano planea lanzar luego de las elecciones de 2012, de acuerdo con lo divulgado por el Saime, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
Nombre y apellido, número de cédula, fecha de nacimiento, estado civil, firma manuscrita, huella dactilar, foto, datos sobre el pago de impuestos, cargas familiares, dónde vive, dónde vota, licencia de conducir, señas del Seguro Social, historia médica, tipo de sangre, si es donante de órganos y tejidos y firma digital.
Por fuera, la tarjeta tendrá los mismos datos que la actual.
Dentro estará el chip al que se refirió Rivas, con una memoria de 72 kb, de acuerdo con el contrato de compra de las tarjetas que la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas firmó en 2008 con la multinacional Gemalto. Es un dispositivo, con tecnología RFID, que emplea radiofrecuencia.
En los países donde se ha aplicado esa tecnología incluso en Estados Unidos, que la usa en los pasaportes, la opinión pública ha discutido sobre los mecanismos para cifrar la información en los dispositivos y evitar accesos indeseados que pongan en peligro la seguridad del ciudadano al exponer todos sus datos. El debate, además, se ha dado sobre la posible vulneración de la intimidad de los individuos. Los temores sobre estados, empresas o grandes corporaciones que husmean en la vida privada han activado a grupos de defensa de los derechos civiles alrededor del mundo.
Tecnología con detractores.
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la preocupación por las medidas de seguridad de documentos de identidad, como los pasaportes, se agudizó y muchos países desarrollados comenzaron a emitir identificaciones con etiquetas RFID.
"Una vez que todos tengan tarjetas RFID, pudiera decidirse que sea obligatorio para las empresas grabar la información de los usuarios. Luego, se le podría solicitar a cada ciudadano que se identifique cuando navegue en Internet, por ejemplo, en las salas de chat, para prevenir anuncios subversivos o injuriosos. Esto ya es una ley en Corea del Sur. Cada paso hacia el monitoreo se vuelve inevitable porque ya se cuenta con la tecnología y la gente se acostumbra a su comodidad. En pocos años, la gente creerá que el Estado tiene derecho a vigilarlos y a acceder a sus datos cuando quiera", señala.
Rafael Rivero Muñoz, ex director de la Disip (actual Sebin) y de la policía judicial, recuerda que los planes de identificación electrónica anunciados en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera, y luego por el ex ministro de Interior Luis Alfonso Dávila, a principios de la gestión de Chávez, afectaban la privacidad. "En la práctica ni siquiera es necesario que usted muestre la cédula que lleva en la cartera.
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